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La evaluación de costos es un aporte a una o más normas para
la adopción de decisiones, comprendidos el análisis de costo-beneficio
(ACB), el análisis de costo-eficacia (ACE) o rentabilidad y el análisis
de atributos múltiples. Los enfoques analíticos difieren principalmente
con respecto al modo de seleccionar, especificar y evaluar los objetivos del
marco de toma de decisiones. Algunos objetivos de las políticas de mitigación
pueden especificarse en unidades económicas (p.ej., los costos y beneficios
medidos en unidades monetarias) y otros en unidades físicas (p.ej., la
cantidad de contaminantes dispersos en toneladas de CO2). En la práctica,
sin embargo, el desafío consiste en formular una definición coherente
y amplia de cada impacto importante que debe medirse.
En la bibliografía se emplean varias expresiones para describir los beneficios y costos asociados que surgen conjuntamente con las políticas de mitigación de GEI. Por ejemplo: co-beneficios, beneficios subsidiarios, beneficios laterales, beneficios secundarios, beneficios colaterales y beneficios asociados. En esta exposición, el término “co-beneficios” se refiere a los beneficios ajenos al clima que se derivan de las políticas de mitigación de GEI incorporadas explícitamente a la creación inicial de políticas de mitigación. De modo que el término co-beneficios refleja que la mayoría de las políticas concebidas para encarar la mitigación de GEI también tienen otras justificaciones, a menudo por lo menos igualmente importantes, que intervienen en la adopción de esas políticas (p.ej., relacionadas con objetivos de desarrollo, sostenibilidad y equidad). En cambio, la expresión beneficios subsidiarios connota los efectos secundarios o laterales de las políticas de mitigación del cambio climático sobre problemas que surgen posteriormente a cualquier política de mitigación de GEI propuesta.
Las políticas destinadas a mitigar los GEI, como ya se ha declarado,
pueden aportar otros beneficios y costos sociales (aquí llamados subsidiarios
o co-beneficios y costos), y en varios estudios empíricos se ha hecho
una tentativa preliminar por evaluar esos impactos. Es evidente que la magnitud
actual de los beneficios subsidiarios o co-beneficios evaluados críticamente
depende de la estructura del escenario del análisis, en particular de
los supuestos acerca de la gestión de las políticas en el caso
de referencia. Esto implica que el hecho de que se incluya o no un impacto determinado
depende del objetivo principal del programa. Además, algo que se percibe
como un programa de reducción de GEI desde una perspectiva internacional
puede verse, desde una perspectiva nacional, como algo en que los contaminantes
locales y los GEI son igualmente importantes.
Todas las políticas de cambio climático necesitan algunos costos
de implantación, es decir, los costos de cambiar las normas y reglamentaciones
existentes, asegurarse de que estará disponible la infraestructura necesaria,
capacitando y educando a quienes deberán aplicar la política,
así como a los afectados por las medidas, etc. Desgraciadamente, esos
costos no están totalmente cubiertos en los análisis de costos
convencionales. Los costos de implantación, en este contexto, están
destinados a reflejar los aspectos institucionales más permanentes de
poner en marcha un programa y son diferentes de los costos considerados convencionalmente
como costos de transacción. Estos últimos, por definición,
son costos transitorios. Es necesario realizar una considerable labor para cuantificar
los programas institucionales y otros costos de los programas, de modo que las
cifras notificadas sean una mejor representación de los verdaderos costos
en que se incurrirá si los programas se implantan realmente.
En términos generales, existen dos enfoques de los descuentos: un enfoque
ético o prescriptivo basado en qué tasas de descuento deberían
aplicarse, y un enfoque descriptivo, basado en qué tasas de descuento
aplica realmente la gente (tanto ahorristas como inversores) en sus decisiones
cotidianas. Para el análisis de la mitigación, el país
debe basar sus decisiones, por lo menos parcialmente, en tasas de descuento
que reflejen el costo de oportunidad del capital. En los países desarrollados,
probablemente se justificarían tasas del orden del 4% al 6%. La tasa
podría ser de 10–12% o incluso más alta en los países
en desarrollo. Es más que un desafío sostener que los proyectos
de mitigación del cambio climático deberían afrontar tasas
diferentes, salvo que el proyecto de mitigación sea de muy larga duración.
En la bibliografía se observa una creciente atención a las tasas
que se reducen con el tiempo y por lo tanto se da más peso a los beneficios
que se producen a largo plazo. Adviértase que esas tasas no reflejan
las tasas de ganancia privadas, que típicamente pueden ser superiores
para justificar un proyecto, de alrededor del 10–25%.
Si bien la mayoría de la gente reconoce que las opciones de adaptación afectan a los costos de la mitigación, con frecuencia no se encara este aspecto obvio al formular políticas sobre el clima. La política es fragmentada: se considera que la mitigación se ocupa del cambio climático y la adaptación es un medio de reaccionar ante los riesgos naturales. Habitualmente, la mitigación y la adaptación se modelan por separado como una simplificación necesaria para ganar impulso sobre una cuestión inmensa y compleja. En consecuencia, los costos de las medidas de reducción del riesgo se calculan con frecuencia separadamente y por lo tanto cada medida resulta potencialmente tendenciosa. Comprender esto sugiere que merece la pena prestar más atención a la interacción de mitigación y adaptación, y a su ramificación empírica, aunque la incertidumbre acerca de la naturaleza y la oportunidad de los impactos, incluso las sorpresas, restringirá la medida en que pueden internalizarse plenamente los costos asociados.
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